HARRISBURG - 4 de junio de 2012 - El senador estatal Jay Costa, líder demócrata del Senado, dio a conocer una legislación que instituiría protecciones para los programas que atienden a las personas mayores si el gobernador Tom Corbett decide proceder con la privatización de la gestión de la lotería estatal.
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"Si el gobernador pretende privatizar la gestión de la lotería estatal, debe haber parámetros y salvaguardias para proteger el Fondo de la Lotería", dijo Costa. "Los programas para personas mayores son demasiado importantes como para ponerlos en peligro y no deben estar sujetos al imperativo del beneficio".
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[/frame]A principios de este año, Corbett anunció que estaba explorando un acuerdo de gestión privada para la lotería, argumentando que es necesario para generar ingresos suficientes para financiar los costes futuros. La oficina del gobernador dio a conocer su evaluación de que un equipo de gestión privada podría haber generado un extra de $ 275 millones en ingresos si hubiera estado en su lugar desde 2008 hasta 2011.
"La legislación que propongo no interfiere con el examen de la privatización previsto por el gobernador", dijo Costa. "Mi proyecto de ley pone dientes en el proceso y garantiza que los programas que ayudan a las personas mayores no se pongan en peligro, que los trabajadores no se vean amenazados y que haya una supervisión adecuada".
Costa dijo que su plan se basa en gran medida en la apertura, la responsabilidad pública y el escrutinio. El legislador dijo que su legislación exigiría lo siguiente como parte del contrato de gestión:
- Los contratos no pueden tener una duración superior a cinco años;
- Se mantiene el control sobre las decisiones empresariales importantes: la lotería no puede venderse;
- Se puede solicitar información sobre cualquier aspecto de las operaciones de lotería;
- Las decisiones de funcionamiento que afectan a los intereses públicos deben notificarse con antelación;
- Las oficinas principales deben estar situadas en Pensilvania;
- Un porcentaje de la empresa debe reservarse a empresas propiedad de minorías.
Costa dijo que un aspecto importante de su legislación es la revisión pública del plan propuesto. El contacto debe ser abierto y realizarse mediante licitación pública y la selección basada en una rigurosa protección de la licitación.
"Mi plan exige que antes de la selección de un proveedor se celebre una audiencia pública y se desvelen los dos finalistas", dijo Costa. "También creo que es importante que el gobernador tome la decisión final y que se dé a conocer la razón por la que elige a uno u otro licitador".
El Departamento de Hacienda tendría que informar trimestralmente a la Asamblea General y toda la operación podría investigarse por completo en el tercer y quinto año de contacto.
Costa dijo que la redacción del proyecto de ley sigue el modelo de una propuesta similar en Illinois, que recientemente privatizó la gestión de su lotería.
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